Carlsen, Laura. Los archivos del terror en América Latina

En 1974, Celestina Pérez de Almada murió de un paro cardiaco después de haber pasado días y días escuchando los gritos de su marido mientras lo torturaban. Esta brutal banda sonora le llegó como cortesía de los torturadores mismos. Se trataba de una fórmula de tortura "dos por el precio de uno" preferida por Alfredo Stroessner durante sus 35 años de dictadura.

Su esposo, Martín Almada, estuvo entre los pocos afortunados que escapó del horror con vida y con el profundo compromiso de llevar a los criminales de la guerra sucia latinoamericana a la justicia. En 1992, sacó a la luz los abundantísimos archivos que documentan el papel de Paraguay en la Operación Cóndor, una red regional de represión contra los opositores a las dictaduras militares en el Cono Sur, apoyada por Estados Unidos.

Los documentos llevaron al embargo, que recién tuvo lugar, de $85,000 de los activos del señor Stroessner, cuyo valor total se calcula en alrededor de 500 millones de dólares y fueron presentados en el caso internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Los paraguayos los llaman "Los Archivos del Terror."

Paraguay no es el único país que tiene Archivos del Terror. Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos por toda América Latina han estado reconstruyendo pacientemente historias hasta ahora ocultas u olvidadas. En Guatemala, impusieron una demanda por genocidio contra los exdictadores Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, basada en las masacres que tuvieron lugar en más de cuatrocientas comunidades mayas.

En Argentina, el presidente Néstor Kirchner despejó el camino para que el Congreso anulara las leyes de impunidad y las ha cuestionado en las cortes. En México, la desclasificación de nuevos documentos sobre la Matanza de Tlatelolco en 1968 ha fortalecido las demandas de investigar y perseguir a los oficiales gubernamentales involucrados. Y en una reciente gira de entrenamiento, el barco chileno "Dama Blanca", que fue utilizada como una cámara de tortura flotante durante el régimen de Pinochet, se ha topado con protestas en puertos de todo el mundo y con renovadas demandas de investigar su sórdida historia.

Todo esto puede ser visto como la sombra de una época más oscura, pero no está tan lejos de nosotros como podríamos pensar. Los actos de terror del pasado no viven sólo en las memorias atormentadas de las víctimas y sus familiares. Muchos de los archivos del terror contienen casos que siguen abiertos, y nuevos casos entran en ellos todos los días. Los abusos a los derechos humanos abundan en el hemisferio.

El asesinato de defensores de derechos humanos sigue teniendo lugar en México —la víctima más reciente: Griselda Teresa Tirado, una defensora de derechos humanos totonaca—, y en Guatemala y Colombia los ataques sobre líderes opositores y periodistas van en aumento. Hay más: muchos criminales no sólo operan con impunidad, sino que también mantienen un considerable poder político y económico, público o secreto, en sus países. El dictador genocida Efraín Ríos Montt, por ejemplo, es hoy el presidente del Congreso de su país y candidato presidencial.

Al contrario que las Comisiones de la Verdad y otras investigaciones, siempre habrá algunos que argumenten que hay que dejar lo pasado en el pasado, ya sea en nombre de la unidad, de la estabilidad o de sus apenas veladas defensas de la impunidad. Esta no es una posición viable. La justicia del futuro no puede nunca construirse sobre la impunidad del pasado. Aún más: no hay nada "pasado" sobre Efraín Ríos Montt, Stroessner y Pinochet, cuando siguen viviendo en la impunidad. Y con más de 80 bolivianos muertos en las calles en días recientes, nadie puede afirmar que la represión violenta es ya cosa del pasado en América Latina.

Mientras los latinoamericanos buscan enfrentar las partes más dolorosas y horrendas del pasado de sus naciones, Estados Unidos debe hacer lo mismo. Investigadores que han indagado a fondo estos horrores han descubierto que los nombres de oficiales estadounidenses aparecen por doquier. Los archivos del gobierno estadounidense contienen información importante que podría poner tras las rejas a los criminales más odiados y ayudar a curar las heridas abiertas de los familiares y desaparecidos. Los archivos deberían ser publicados.

Hará falta tener la voluntad de enfrentar esta responsabilidad. En Guatemala, la hilera de dictadores genocidas comenzó con el golpe de Estado de 1954, instigado por Estados Unidos en la lógica de la guerra fría, para destronar al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz. Audiencias en el Congreso estadounidense han documentado el papel del gobierno norteamericano en el Golpe de Estado en Chile que llevó a Pinochet al poder. La Operación Cóndor fue financiada y orquestada en parte por el gobierno estadounidense y debe sus fundamentos intelectuales a Henry A. Kissinger, el epítome de la política exterior artera y descorazonada.

Si bien el pasado puede parecer una caja de Pandora para los que defienden el status quo, grupos de ciudadanos por todo el hemisferio están buscando justicia, entendiendo que es el único cimiento sobre el cual construir sociedades más democráticas y fuertes. Los ciudadanos y los oficiales del gobierno en Estados Unidos deberían apoyarlos.

Los juicios que se están llevando a cabo contra los asesinos y torturadores internacionales, las investigaciones sobre las campañas de tierra quemada que asolaron las comunidades indígenas, la persecución de Stroessner y Pinochet, por no mencionar los intentos del gobierno argentino para terminar con la impunidad, tienen todas implicaciones que sobrepasan los países en que tienen lugar y abarcan el hemisferio entero.

Tristemente, la historia muestra que el gobierno estadounidense ha estado del lado de los malos en América Latina una y otra vez. ¿No es tiempo ya de que nos pasáramos al lado de los buenos?

Fuente: Americas Program, Interhemispheric Resource Center (IRC), en www.americaspolicy.org. Publicado el 25 de noviembre del 2003.