Juan López Grijalba

Jefe de la inteligencia militar hondureña, y comandante del Batallón 3-16, enfrenta una demanda civil que lo acusa de ser responsable de la tortura, asesinato y desaparición de varios civiles hondureños.

Grijalba emigró a Estados Unidos en 1998, pero fue arrestado por el INS en abril de 2002 por delitos de inmigración. El gobierno inició vistas de deportación por su alegado historial de abusos contra los derechos humanos, y porque existía contra él una orden judicial de las autoridades hondureñas por homicidio. Un portavoz del INS comentó que probablemente era la persona de mayor rango acusada de tortura por un juez de inmigración. Al enterarse de su arresto, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad inició un proceso contra Grijalba en un tribunal civil en nombre de dos supervivientes de torturas y de los familiares de otros dos hondureños desaparecidos.

Los demandantes alegaban que Grijalba «planeó, ordenó, autorizó, animó o permitió a sus subordinados de las fuerzas militares o paramilitares hondureñas cometer actos de tortura, desaparición y asesinato extrajudicial», y después ayudó a ocultar los abusos. El pleito se basa en dos leyes federales que permiten a los tribunales de Estados Unidos evaluar daños contra perpetradores de severas violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero.

El juicio de este caso estaba previsto para el 18 de octubre de 2004, no obstante, menos de una semana antes del comienzo, el juez federal lo pospuso. Mientras tanto, un juez de inmigración ha sentenciado finalmente sobre el caso de la oficina de inmigración, ordenando la deportación de López Grijalba. El 21 de Octubre de 2004, agentes de inmigración lo escoltaron en un avión de vuelta a Honduras. El Centro para la Justicia y la Responsabilidad y sus demandantes continúan esperando la sentencia del juez federal. Esperan que se declare a López Grijalba responsable de los abusos cometidos por sus subordinados, y se le condene a pagar las indemnizaciones pertinentes.