Laguna, Mauricio. Guerra sucia, una mancha en la historia

La política de represión física implantada por el Estado mexicano en el curso de los años sesenta, los setenta y ochenta, en contra de activistas opositores al régimen, conocida como la guerra sucia o guerra secreta, permanece como herida abierta en la sociedad mexicana porque los responsables de los crímenes de lesa humanidad se mantienen en total impunidad.

La herida que más duele en este trágico episodio es la desaparición forzada, sin duda una de las tácticas de represión sistemática utilizada por las fuerzas judiciales, militares y policiacas, para someter a la oposición política y social con un total de mil 200 personas, de acuerdo con grupos de derechos humanos y de familiares de las víctimas.

Ex guerrilleros sobrevivientes a la guerra sucia, activistas en derechos humanos y familiares de desaparecidos políticos consultados por La Crisis, señalan que a través de varios sexenios han reivindicado su exigencia de justicia y verdad sobre los hechos del pasado y con el cambio de régimen se pensó en una actitud gubernamental decidida a la defensa de los derechos humanos, pero la realidad ha demostrado otra cosa.

Tabla de contenidos 1 Guerra secreta 2 Y la impunidad va 3 Guerra pagada 4 La impunidad en México 5 Los militares

Guerra secreta

Para Eladio Torres Flores y Mario Álvaro Cartagena, El Guaymas, ambos ex militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), resulta una verdadera burla que la llamada Fiscalía Especial sobre Movimientos Políticos y del Pasado, que dirige Ignacio Carrillo Prieto, pese a la coadyuvancia de los familiares de los desaparecidos “sólo esté recibiendo quejas y no haya resultados reales”.

Señalan los también ex presos políticos que hasta el momento el gobierno de Vicente Fox ha creado cortinas de humo para mediatizar la lucha de los familiares de los desaparecidos políticos cuando el Estado tiene que cumplir la defensa de los derechos humanos y aclarar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado.

Señalan Torres Flores y Álvaro Cartagena que hay una similitud gubernamental en el nivel de respuesta entre los afectados durante la guerra sucia, como fue la Ley Indígena aprobada en el Congreso de la Unión en el año 2001, donde las demandas de los pueblos indios promovidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional quedaron congeladas y fuera de las iniciativas de ley.

Añaden que esto significa que las iniciativas del gobierno y de los partidos en la Cámara de Diputados no satisfacen las necesidades de justicia, dando paso a que sigan ocurriendo desapariciones forzadas o masacres ocurridas como la de Acteal en Chiapas en 1997 y Aguas Blancas, Guerrero, en 1995.

Para los ex guerrilleros es posible dar carpetazo a los hechos ocurridos durante la guerra sucia y “sobre todo no proceder legalmente contra los responsables directos de los crímenes cometidos porque, como se ha visto, muchos ex agentes de la Dirección Federal de Seguridad y algunos ex presidentes como Luis Echeverría Álvarez o Gustavo Díaz Ordaz eran agentes de la CIA y al parecer todavía gozan de protección”.

En ese sentido, señalan Torres Flores y Álvaro Cartagena, no sólo se debe juzgar a Miguel Nazar Haro y a Luis de la Barreda Moreno, sino a los mandos operativos de la Brigada Blanca, como Pedro Aspetia, Ramón Rodríguez, Alberto Estrella, Salvador Siller Báez, José Luis Acosta Morales, Felipe Santander Bonilla, Gustavo Ruiz Bautista, Jorge Arroyo Hurtado y Alfonso Arcos Colín, entre otros.

Y la impunidad va

Por su parte, Juan Fernando Reyes Peláez, ex militante de la LC23S, quien fuera coordinador del Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), considera que hoy día existe una guerra secreta o sucia en el país, donde los grupos armados sólo son conocidos por los sistemas de Inteligencia del Estado.

Esta situación, advierte, crea condiciones muy similares a las prevalecientes en los años 70 y 80, cuando los actores sólo eran conocidos entre ellos y la sociedad se mantenía al margen.

Considera Reyes Peláez que las actuales condiciones de marginación y extrema pobreza han propiciado el surgimiento de al menos 34 grupos guerrilleros que han extendido su fuerza desde 1994 a cuando menos 24 estados de la República.

De acuerdo a su experiencia como ex guerrillero, sostiene nuestro entrevistado que en sus investigaciones sobre movimientos armados contemporáneos en México, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) puede ser considerado la mayor organización político-militar, pese a sus escisiones, con una presencia confirmada, mediante información pública y campañas de propaganda armada en al menos 14 estados del país.

Sobre los cuerpos de Inteligencia que ahora se dedican a investigar a las actuales agrupaciones guerrilleras, considera que básicamente éstos se encuentran en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y en los cuerpos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, los cuales no han permitido ningún cambio dentro de su estructura interna en el actual gobierno de Vicente Fox.

Afirma Reyes Peláez que incluso las principales violaciones a los derechos humanos que hoy se cometen son realizadas por cuerpos especiales de la Policía Federal Preventiva (PFP) y por miembros del Ejército Mexicano, “siendo torturados los presuntos disidentes armados para confesar su responsabilidad, En diversos casos afirma se les aplicó la ley fuga”.

Para el especialista en Movimientos Armados y Seguridad Nacional otro elemento a considerar es que las tácticas utilizadas para acabar con los grupos armados que surgieron durante la guerra sucia vuelven a surgir hoy día con nuevas modalidades contra las organizaciones que dejan sentir su presencia en el ámbito nacional. Como el EPR, EZLN, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y 20 grupos más.

Sentencia que las nuevas modalidades para combatir a la guerrilla por los actuales grupos de Inteligencia hasta el momento no han podido eliminar físicamente a los grupos armados que han manifestado su presencia desde 1994, pero sí han logrado ubicar a los principales líderes como Sebastián Guillén Vicente, Fernando Yáñez y la detención del principal líder del ERPI, Jacobo Silva Nogales.

De igual manera, resalta Reyes Peláez que en nuestro país las labores de inteligencia política que eran aplicadas por la Brigada Blanca, son ahora desarrolladas por una corporación más oculta, más ilegal que la otra, siendo la única fuerza armada que puede combatir la insurgencia.

Coincide en señalar que es el Ejército, de acuerdo con los informes internacionales y nacionales, quien se encarga directamente de realizar actividades de contrainsurgencia, “hecho que hace 10 años todavía se encubría, pero hoy día las fuerzas armadas han sido señaladas como las principales violadoras de derechos humanos”.

Añade que el Cisen “se ha encargado del espionaje político a favor del gobierno en turno, pero tal vez no se den abasto y por ello cuentan con el apoyo de los grupos de Inteligencia del Ejército, pero de igual manera la encomienda de investigación se complementa con las labores de grupos antisubversivos de la PFP”.

Guerra pagada

Para Eladio Torres Flores otro asunto que debería ser investigado a profundidad dentro de los terribles episodios de la guerra sucia es cómo “entre los años de 1974 a 1978 la Asociación de Banqueros de México les daba como recompensa a los jefes policíacos cien mil pesos por guerrillero muerto, y 200 mil por guerrillero vivo”.

Subraya que los elementos de los cuerpos de seguridad con este incentivo económico se afanaban en sus investigaciones, porque no había conciencia política, sólo fines de obtener algún lucro con su labor”.

Precisa Torres Flores que es difícil que hoy exista una Brigada Blanca con patrocinio del propio Estado y directamente a sus órdenes, a diferencia de otros países como Brasil, Guatemala o El Salvador, que se fueron por la libre con los Escuadrones de la Muerte.

“Aquí los organismos que se formaron tenían un fuerte control de ellos mismos, un grupo que también fue financiado por funcionarios del Estado, como fue el de Carlos Morales El Pelacuas, para combatir al Frente Estudiantil Revolucionario, en Guadalajara, Jalisco.

Sentencia Flores que también existió otro grupo denominado el de Las Chamarras Azules, financiado por empresarios de Monterrey, Nuevo León, luego del intento de secuestro y homicidio de Eugenio Garza Sada, formado por porros y ex madrinas de la Policía Judicial para acabar con la LC23S.

Acerca del combate a los grupos armados, hoy día, precisa Torres Flores, existe la partida 3814 de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), destinada a investigaciones especiales, y no está sujeta a ninguna comprobación mientras que la partida 4-310 es de la Policía Federal Preventiva con objetivos similares.

La impunidad en México

Por otro lado, organismos de derechos humanos entrevistados por La Crisis, como la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem) y la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información (Amedi) señalan que las violaciones a los derechos humanos son una constante en México.

Destacan como histórica la primera audiencia sobre la situación de la impunidad en México, que se llevó a cabo el 26 de febrero del presente año en el 117 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En ella se presentó un informe elaborado por 16 organizaciones en el que se destacan los principales rezagos en el país en el tema de impunidad y derechos humanos.

Señala que entre las propuestas generales que se le hicieron a la CIDH se encuentran el que realice una actualización del informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México emitido en 1998, mediante una evaluación de la implantación de las recomendaciones y, en su caso, emitir nuevas recomendaciones de acuerdo al contexto actual.

“En esta petición, la CIDH externó su interés por que los relatores especiales visiten a México, a partir de las cuales podría hacerse una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones y evaluar la posibilidad de realizar un nuevo informe”.

Otro elemento de importancia, señala Julio Mata, es la petición a la CIDH para que se pronuncie frente a proyectos o reformas legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, a lo cual se mostró absolutamente favorable.

En este rubro subraya preocupan a las organizaciones particularmente las reservas y declaraciones interpretativas que hizo el gobierno mexicano a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, que pueden obstaculizar la impartición de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado; así como diversas legislaciones nacionales que son contrarias a los estándares internacionales en la materia.

Acerca de la Fiscalía Especial, Julio Mata, secretario general de Afadem, señala que en cuanto a la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, durante la audiencia se presentó una evaluación del trabajo que hasta ahora ha hecho la Fiscalía Especial y las preocupaciones con relación a que se logre la verdad, justicia y reparación a las víctimas de las violaciones cometidas durante la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta.

Añade que entre las principales preocupaciones que se hicieron de conocimiento de la CIDH se encuentra el que a más de un año de iniciar funciones la Fiscalía Especial, no existan todavía resultados concretos, así como el que el mandato de la Fiscalía sea tan amplio que esté recibiendo todo tipo de casos y no se aboque con la intensidad que debería a los casos que conforman el patrón de la guerra sucia.

Otra preocupación que se presentó, afirma Mata, fue la carencia de recursos humanos cualificados que tiene la Fiscalía, así como la carencia de recursos económicos. De igual manera se informó de la renuencia de la Fiscalía a calificar delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, y en cambio calificarlos de “privación ilegal de la libertad” y la reproducción de la sumisión que la Fiscalía ha demostrado hacia el ámbito militar. Por último, se señaló la falta real de investigación y las limitaciones al ejercicio de la coadyuvancia que han sufrido las víctimas y familiares.

Finalmente resalta que la Comisión Interamericana se mostró muy interesada por el tema y particularmente cuestionó sobre la posibilidad del ejercicio de la coadyuvancia, tanto en la Fiscalía como en lo general, y solicitó se le mantuviera informada sobre el tema.

Los militares

Sobre el tema de Justicia y Militarización, Alfredo Castillo, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, señala que la CIDH ha comenzado a investigar en México este tema, sobre todo a lo que señala la Constitución Mexicana y la jurisprudencia en el sistema interamericano, así como numerosas recomendaciones de organismos internacionales, donde los tribunales militares siguen conociendo de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del ejército.

En estos casos, advierte, ha quedado de manifiesto la falta de independencia, imparcialidad y voluntad para investigar y castigar dichas violaciones. El ejemplo más reciente son los citatorios que la Procuraduría de Justicia Militar ha realizado a familiares de desaparecidos en los años 70 en el estado de Guerrero.

Igualmente, afirma, el ejército sigue siendo uno de los principales agentes violadores de los derechos humanos, “a pesar de la voluntad expresa de la actual administración de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que señalan que el ejército no puede ser utilizado en labores de seguridad pública, hay sectores militares que se incorporaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía Federal Preventiva (PFP)”.

Castillo destaca la preocupación por la movilización militar en la frontera sur del país, la cual ha aumentado en correspondencia con el fortalecimiento de una política de “sellamiento”, consecuencia de los atentados del 11 septiembre de 2002 en Estados Unidos.