Movimiento de Jóvenes Militares

Como en otras ocasiones históricas ya referidas, la reacción contrarrevolucionaria y contrarreformista de los círculos de poder estadounidenses no se hizo esperar. Tratando de revertir todos los avances de las luchas nacionalistas, antimperialistas, democráticas y populares antes mencionadas, el dúo Nixon-Kissinger abandonó, rápidamente, el presunto “bajo perfil” de su estrategia de dominación sobre América Latina y el Caribe. En efecto, con el estímulo de la Casa Blanca, así como con el respaldo de las dictaduras militares de Brasil y de Argentina, el 21 de agosto de 1971, los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y de las clases dominantes bolivianas desencadenaron un sangriento golpe de Estado contra el gobierno de Juan José Torres. Según cálculos conservadores, en las primeras horas de combate entre los golpistas y las huestes populares, sólo en La Paz, cayeron más de 150 muertos y se reportaron más de 1 500 heridos. Fue tal la sangría, que al otro día, las partes contendientes acordaron una tregua “para retirar los muertos de las calles”.

Posteriormente, los tanques rodearon la universidad e iniciaron un alevoso bombardeo contra sus ocupantes. Los campesinos, mineros y las unidades de las Fuerzas Armadas o la de la Policía que resistieron la violencia reaccionaria, fueron masacrados; y los focos de resistencia que persistieron en diferentes puntos del país fueron aniquilados, incluso con el empleo de la fuerza aérea. Grupos represivos, formados y asesorados por los servicios especiales estadounidenses, perpetraron múltiples asesinatos; entre ellos, el del sacerdote católico canadiense Mauricio Lefébre. Este, en los años previos, se había destacado como abanderado de las vindicaciones populares. Una vez sometida a sangre y fuego la resistencia popular, así como la de los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas, las huestes golpistas tomaron el palacio de gobierno y formaron un triunvirato militar presidido por el general Hugo Banzer Suárez.

A partir de ese momento y hasta 1978, se desarrolló en Bolivia una de las más feroces olas de violencia reaccionaria de todo el continente. La universidad fue clausurada y los medios de comunicación masiva fueron ocupados militarmente. Las instituciones religiosas fueron violadas. Los dirigentes sindicales, profesionales y campesinos fueron recluidos en campos de concentración ubicados en las inhóspitas selvas bolivianas. Los miembros de las fuerzas armadas que expresaban posiciones nacionalistas o constitucionalistas fueron eliminados de sus cargos, confinados a las prisiones militares u obligados a salir al exilio. Algunos de ellos (como el general Juan José Torres) fueron asesinados en el exterior. Las torturas y las desapariciones se incorporaron al arsenal represivo. Aunque las cifras de las víctimas de esa ola de terror nunca se han podido determinar, si se sabe que —con apoyo de la CIA)— “el criminal nazi Klaus Barbie volvió a ocupar la jerarquía que poseía durante el gobierno de Barrientos”. También, que la tiranía de Banzer contó con el respaldo de los “capos de la droga” que ya habían sentado sus reales en ese país suramericano.

Simultáneamente, el establishment de la política exterior y de seguridad norteamericanas se implicó de manera abierta en la sangrienta derrota de la sublevación popular, respaldada por el Movimiento de Jóvenes Militares, que el 25 de marzo de 1972 estalló en El Salvador como reacción ante el descarado fraude electoral protagonizado por el testaferro de la oligarquía salvadoreña, el coronel Armando Molina, contra la candidatura presidencial de la UNO, encabezada por el demócrata cristiano Napoleón Duarte y por el prestigioso dirigente político Guillermo Ungo. Ante la virtual derrota política y militar de las fuerzas que lo respaldaban, la misión militar estadounidense en El Salvador y el representante de ese país ante la Junta Interamericana de Defensa (radicada en Washington) movilizó a las guarniciones “leales” y favoreció el bombardeo de diversos puntos de San Salvador por parte de las fuerzas aéreas de Guatemala y Nicaragua. Luego de esos sangrientos acontecimientos, Armando Molina fue impuesto en la presidencia, y una nueva ola de “terror blanco” atravesó a El Salvador. En consecuencia, entre 1972 y 1979, los órganos represivos de esa tiranía dieron muerte a más de 2 000 salvadoreños.

Por otra parte, el 16 de febrero de 1973, la Casa Blanca y su poderosa misión militar en República Dominicana también respaldó la decisión del segundo gobierno “constitucional” de Joaquín Balaguer (1970-1974) —y del alto mando militar— de asesinar, a sangre fría, luego de haberlo capturado herido en combate, al líder revolucionario y antimperialista dominicano Francisco Caamaño Deñó. Este, junto a un grupo de sus seguidores, había desembarcado unos días antes en tierra dominicana con el propósito de iniciar la lucha guerrillera contra el represivo gobierno instaurado en esa nación caribeña, gracias a la brutal intervención militar norteamericana de abril de 1965. Una suerte similar corrieron otros de sus compañeros de lucha; quienes —siguiendo las prácticas establecidas en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe— fueron sometidos a brutales torturas antes de ser cobardemente asesinados.